Una densa nube de polvo se cierne sobre la comunidad de Balzapote, en la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas, Veracruz. Es la esencia de uno más de los cerros de la zona, que desaparece para ser triturado y transportado vía marítima hasta la ciudad portuaria de Progreso, en el estado de Yucatán, a 970 kilómetros de distancia, donde es transformado en rocas de no más de cuatro centímetros para dar soporte a los durmientes que cargarán el Tren Maya.

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Tal como revelan registros oficiales, la extracción de la roca en esta reserva natural inició en abril de 2022 y se mantiene hasta la fecha sin permisos vigentes, y al amparo de autorizaciones que fueron canceladas en febrero, a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La población de esta comunidad, cuyo nombre se debe a los grandes árboles de zapote que habitan su territorio, apenas rebasa los 400 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020, y sus contadas casas están rodeadas de un paisaje montañoso y tupido de árboles, que pertenece a las 155 mil hectáreas de un área vital para la conservación del mono araña, el cacomixtle, la guacamaya y el loro cabeza amarilla, entre otras especies bajo alguna categoría de riesgo. Sobre su hábitat natural avanzan las obras irregulares de extracción.

Balzapote ha sido el corazón de roca de varios megaproyectos en México y sobre sus cerros ausentes se soporta la construcción de la Terminal Marítima de Dos Bocas, en el estado de Tabasco; la ampliación del Puerto de Veracruz que, si bien no se realizó porque la SCJN ordenó su cancelación, tampoco impidió que la roca fuera explotada, y, recientemente, el Tren Maya, proyecto insignia de este sexenio.

En 2014, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto buscó llevar a cabo la ampliación del Puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó los permisos en materia de impacto ambiental, para que las tierras forestales del Ejido Balzapote fueran consideradas suelo para el “aprovechamiento y explotación de roca basáltica”.

El volumen de roca que se autorizó extraer en ese momento fue de 2 millones de metros cúbicos. Mientras que, para el Tren Maya, en sus tramos 3 y 4, el suministro requerido y abastecido por la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona) es de casi 1 millón 800 mil metros cúbicos, de acuerdo con Fonatur Tren Maya y Asipona.

Hoy, esos permisos, sin efectos a raíz de la sentencia de la SCJN, son exhibidos por la empresa extractora, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para continuar la explotación de la roca en Balzapote.

En 2021, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, encargada de la ampliación del puerto, tramitó ante la Semarnat la cesión del permiso de explotación a la empresa Fancicom Proyectos y Cimentación, SA de CV.

Sin embargo, en el amparo 54/2021, resuelto en febrero de 2022 por la Primera Sala de la SCJN, se determinó que la Semarnat debía dejar sin vigencia los permisos que anteriormente se habían otorgado para la ampliación del Puerto de Veracruz, incluidos aquellos relacionados con la extracción de roca en Balzapote; por ejemplo, el registrado con clave 30VE2014FD006, cuya última prórroga autorizada lo mantendría vigente al 26 de julio de 2022, habría perdido su vigencia con el pronunciamiento de la Corte en virtud de sustentarse sobre un permiso nulo.

Desde que esta resolución judicial fue emitida, la Semarnat no ha reportado ningún nuevo permiso que avale las obras de extracción en Balzapote, tal como se desprende de la Gaceta Ecológica de este organismo, medio en el cual se publican los proyectos ingresados, evaluados y resueltos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

Situado en la costa veracruzana, después de casi 40 kilómetros de camino desde su cabecera municipal, San Andrés Tuxtla, Balzapote nació como una colonia militar, con el reparto agrario impulsado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, a finales de los años 30 del siglo pasado, pero las familias de soldados que recibieron estas tierras no las ocuparon y estuvieron abandonadas hasta que campesinos de pueblos vecinos levantaron en ellas sus casas, con paredes de ramas y techos de palma. Esto originó un conflicto por la tenencia de esas tierras que duró más de 30 años y culminó con la dotación de tierras a 63 familias en conflicto, bajo el régimen ejidal.

Se trata de una comunidad históricamente desatendida, sin señal telefónica, en la que 40% de la población no cuenta con cobertura médica, donde el grado de escolaridad máximo para la mitad de la población es sexto de primaria, únicamente dos de cada 10 personas mayores de edad tienen algún estudio posterior a la secundaria y solo cuatro de sus 117 familias poseen una computadora. Para la mayoría de los habitantes de Balzapote, no existen condiciones de desarrollo.

De las esas mismas 117 familias, solo 63 son ejidatarias. Pero ni siquiera las ganancias que le genera al ejido que los cerros enclavados en sus tierras sean explotados se distribuyen entre todos sus integrantes.

—¿Usted está de acuerdo con la extracción de la roca? —se consulta a un anciano ejidatario de Balzapote, en recorrido por el poblado.

—Pues no me queda otra, yo soy solito y la mayoría está de acuerdo, pues ya que tengo que hacer, a mí no me toman en cuenta para los acuerdos que toman con la compañía.

—¿Estaría de acuerdo con que se lleven la roca, siempre y cuando a usted le pagaran?

—Ah, cómo de que no. Pues sí, es que es algo de lana —dice, entusiasmado—. Cuando han repartido (beneficios) otras compañías, nada más ve usted bajar los carros llenos de colchones, camas, estufas, se reparte buen billete. La compañía da 50 o 100 mil pesos o más por piocha.

Décadas atrás, ese mismo anciano fue parte de una comisión del ejido, que acudió a la capital del país para solicitar la autorización de explotar uno de sus cerros. El permiso se obtuvo, recuerda, porque al funcionario encargado le pareció que lucían muy “pobres”. El permiso, sin embargo, no lo tramitaban para aprovechar directamente los recursos de sus tierras, sino para que una compañía privada pudiera hacerlo.

—¿Qué hubo? —narra el anciano—: hubo robo, muerte y dinero… nada. ICA ya estuvo aquí, explotó la mayor parte del cerro y hubo repartos, unos repartos muy buenos.

Al final, dice el hombre que ha sido testigo de la destrucción de Balzapote: “Todo esto era pura montaña, todo, la mayor parte, y ahorita es puro potrero y escombros”.

En la planta donde se tritura la roca en Balzapote, decenas de trabajadores sudan durante turnos de 12 horas. Varios aseguran que hay COVID-19 dentro de las instalaciones, pero ninguno descansa. Muelen la roca en grandes máquinas esperando no correr, en el puesto menos deseado, la misma suerte que su compañero que, ahora en su hogar y en el abandono que le procuran sus precarias condiciones laborales, espera recuperar la movilidad de su brazo.

En cambio, hay quienes dirigen retroexcavadoras y camiones de volteo que, al menos cada ocho minutos, salen de la zona de trabajo cargados de roca, para conducirla a escasos metros de distancia, a un banco de material en Balzapote, desde donde el material es trasladado a Yucatán por barco.

Aquí, en la planta, a los hombres que ocupan los cargos de mayor rango les llaman, indistintamente, “ingenieros”.

—¿Podemos hablar con uno de ellos? —se consulta a uno de los policías del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) que custodia la planta de ICA, y quien advierte que no se pueden tomar fotografías.

—Denme su nombre y teléfono, les van a mandar mensaje. Es mediodía, por eso no los reciben para la entrevista —responde el policía.

Después de un par de horas, de la planta sale un “ingeniero” manejando una camioneta Toyota Hilux. No acepta dar su nombre o cargo, pero antes de subir el vidrio polarizado del vehículo blanco y terminar la conversación, afirma: “El progreso tiene un costo y hay que seguir avanzando”.

Luego se va, eludiendo todo cuestionamiento.

Esta negativa a tocar el tema de las irregularidades en la extracción de roca en Balzapote se extienden hasta el más alto nivel de gobierno en México. A principios de año, el presidente evitó hablar del tema y, en su lugar, desde el Museo Naval, en el puerto de Veracruz, el gobernador Cuitlahuac García afirmó que habría remediación ambiental en Balzapote.

—En efecto, hay bancos (de material pétreo) en la zona de (la reserva de la biósfera de) Los Tuxtlas, todos cuentan con manifiestos de impacto ambiental federal. El Estado, a través de la Profepa, los ha intervenido, y también estamos ya en la firma del convenio para la remediación y compensación ambiental. Los empresarios están en toda la disposición de colaborar en ello —afirmó el gobernador, sin especificar los alcances de tal remediación ambiental.

Para saber qué acciones se tienen contempladas para restaurar las áreas de Balzapote y otros puntos de la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas, dañadas por la extracción de roca, se solicitó una entrevista con la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, mismas que fueron negadas.

Transcurren los primeros días de julio de 2022 y, desde hace cuatro meses, cuando comenzaron a dinamitar el cerro, Balzapote y sus alrededores tiemblan durante la noche, al menos una vez a la semana.

En 2014, se registró oficialmente la existencia de dos tropas de monos aulladores. La más numerosa, compuesta por 14 ejemplares, fue avistada a menos de 200 metros del área del proyecto, donde actualmente se destruye el cerro.

En ese año, las autoridades ambientales de Veracruz identificaron en la zona una decena de especies catalogadas bajo alguna categoría de riesgo. Estas especies fueron identificadas en apenas 11 días de inspección, aunque estos estudios suelen durar un año.

Y allí se aferraron, los monos aulladores y otras especies no huyeron de esa área de la reserva, a pesar del ruido y de la remoción de su hábitat. Se mantienen tan cerca del área de explotación actual que conservadores, pobladores y trabajadores de la zona afirman verlos entre los árboles.

—¿Qué hacen cuándo se los encuentran? —se pregunta a un obrero.

—Nada, están protegidos esos animales. Se espantan con el ruido…

—¿Y qué piensas de que se destruya el cerro?

—¿Qué puedo pensar? Nada, ellos tienen el dinero. No importa lo que diga la gente, de qué sirve que uno haga huelga. La mayoría son ejidatarios que reciben dinero, pero no les han pagado y según que iban a hacer paro laboral. Eso comentan los chavos que son de aquí —remata. Otros animales, sin embargo, sí han abandonado sus ecosistemas. El jurel, el bacalao, el robalo y otras especies marinas antes presentes en la costa de Balzapote han desaparecido, a grado tal que los pescadores ribereños han suspendido sus labores de captura.

Félix Marcial es miembro de la Cooperativa de pescadores de Balzapote. Una agrupación formada por su padre cuando todavía vivía. Ahora es representante de la cooperativa, conformada por integrantes de la misma familia.

—¿Y tienes que ir más lejos para pescar? —se pregunta a Félix.

—No tengo que ir más lejos, no pesco desde febrero. Ahora me dedico al campo. Así está la cosa —dice triste, resignado. Mientras, sobre una mesa de plástico, los informes dirigidos a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) son testigos de cómo ha disminuido la actividad pesquera.

El Programa de Manejo de la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas señala expresamente la prohibición de “usar explosivos” en el área, pero en Balzapote, ese ordenamiento es letra muerta.

La extracción de la roca supone un daño a la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas no solo permitido, sino promovido por las autoridades, que han priorizado intereses económicos, incluso pasando por encima de la ley, advierte José Feliciano Pérez Romero, biólogo especialista en derecho ambiental, doctorado en ecología tropical y actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana.

—Aquí no es de que la autoridad quiera aplicarlo o no aplicarlo —refiere con tono enérgico el académico universitario, sobre el Programa de Manejo de la reserva de la biósfera Los Tuxtlas—. Aquí la ley es la ley y no hay que buscarle el cómo sí y el cómo no, simplemente hay que aplicarla.

Sin embargo, subraya, “los intereses económicos se sobreponen a los intereses ambientales” en la resolución de los proyectos por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.

El uso de explosivos en Balzapote es un buen ejemplo. Aunque el programa de manejo de la reserva de la biósfera los prohíbe, en 2014 la misma autoridad federal ambiental salió en defensa de su uso, argumentando que “el progreso de las tecnologías ha evolucionado hasta lo que hoy en día se denomina de manera general como ‘voladuras controladas’, que permiten que la detonación fragmente la roca de manera que los impactos al entorno sean calculados, programables y precisos”.

“No se trata de darle la vuelta a la ley y justificar una actividad productiva, diciendo que se usarán explosivos de alta tecnología de Alemania. No, la autoridad no está para eso, la autoridad está para autorizar o negar, con base en la ley. Si el ordenamiento ecológico presente en el programa de manejo señala que está prohibido el uso de explosivos, no importa de dónde vengan; está prohibido y punto”, afirma José Pérez, con indignación.

En 2014, cuando la roca de Balzapote quiso emplearse en la ampliación del puerto de Veracruz, pobladores de todo el municipio de San Andrés Tuxtla salieron en su defensa, bajo el lema “La roca no se toca”, un movimiento que tuvo gran responsabilidad en la cancelación del proyecto.

La historia de esa batalla sigue en la memoria de Félix Marcial, Guillermo Curiel, Eduardo Álvarez, Jezreel Barac y Alfonso Fernández. Los últimos dos acababan de cumplir entonces los 18 años de edad y, como otros jóvenes, fueron parte de esa movilización y, ocho años después, confiaban en que esta resurgiera, con el inició de la extracción de la piedra, ahora para el Tren Maya. Pero no sucedió.

Guillermo recuerda que viajó a San Andrés Tuxtla con la intención reencontrarse y unir fuerzas con quienes en el pasado integraron “La roca no se toca”, “pero ya no encontramos quién hiciera resistencia”, lamenta; “los ejidatarios estaban más contentos porque tenían empleo, destruyendo Balzapote”.

—Es una tristeza que en su momento por todo lo que se peleó ahora no sirva de nada. Pero también se vive con el miedo de si te llegan a hacer algo, pues hay represalias, ya no es nada más uno, es nuestra familia —expresa Alfonso.

La tensión en la zona por la extracción de la roca se siente en el ambiente. Distintos actores, entre ellos ICA, se encuentran vigilantes ante la documentación de su actividad dentro de la reserva. Una muestra de ello es que, durante la realización del reporteo en campo, el equipo periodístico de este trabajo, acompañado por Jezreel Barac, Alfonso Fernández y Eduardo Álvarez, fue objeto de una amenaza directa por parte de personas que se encontraban en Balzapote. Esto llevó al equipo a abandonar la comunidad.

—¿Cuál es su opinión respecto a los impactos que está dejando el Tren Maya a tantos kilómetros de distancia de los lugares por donde pasarán las vías? —se les pregunta a los jóvenes.

—Para mí es muy triste —responde Alfonso— porque yo apoyé en su momento el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de nación que venía construyendo, me parecía que iba a beneficiar a muchas personas, y creo que ha beneficiado a muchas personas, pero también estoy profundamente decepcionado porque justo aquí, donde recibió al menos mi apoyo y el de muchas personas más, pues prácticamente se voltearon los papeles.

Luego, Guillermo añade: “No estoy en contra de Andrés Manuel, yo estoy a favor de la naturaleza y quiero que la respeten y quiero que la dejen en paz. ‘Aquí yo llegué primero que tú, cabrón, por qué me quieres expulsar, yo también tengo derecho a estar aquí’, diría la naturaleza”.

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